El digital; Santo Domingo.- La Operación Camaleón ha destapado un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Los siete implicados enfrentan acusaciones graves, que incluyen sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación y terrorismo, entre otros delitos.
Los acusados son: Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Carlos José Peguero Vargas.
En la orden de arresto 2024-AJ0020784, Hugo Beras Goico es señalado como el principal facilitador de la corrupción relacionada con la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico autorizó contratos fraudulentos a empresas sin capacidad técnica. Además, se le acusa de manipular el proceso licitatorio y desviar recursos del Estado.
Frank Díaz Warden está implicado por su participación en la adjudicación irregular de contratos. Se alega que influenció decisiones del comité de ventas para beneficiar a empresas relacionadas con la estructura corrupta.
Por su parte, Samuel Baquero Sepúlveda facilitó el control de los sistemas de semáforos y videovigilancia a la empresa Transcore Latam S.R.L., que no cumplía con los requisitos legales. También se le acusa de haber manipulado las evaluaciones técnicas para favorecer a esa empresa.
Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S., habría sido el principal beneficiario económico del esquema corrupto. Se le vincula con el lavado de activos, usurpación de identidad empresarial y manipulación de fondos públicos. También se le señala como responsable del sabotaje a la red semafórica en el Gran Santo Domingo en agosto de 2024.
Pedro Padovani Báez, exfuncionario del Intrant, es señalado como uno de los principales colaboradores de la estructura de corrupción. Se le acusa de supervisar el centro de control de tráfico y participar en el fraude licitatorio, así como en el lavado de activos.
Carlos Peguero Vargas es señalado como el responsable de movilizar fondos a través de la empresa INPROSOL S.R.L., desviando dinero destinado a Transcore Latam S.R.L.. Además, se le vincula con la estructura de vigilancia y espionaje de Jochi Gómez.
Delitos por los que se les acusa
Los acusados enfrentan múltiples cargos, que incluyen:
- Corrupción (Art. 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana y artículos 123 y 124 del Código Penal).
- Uso de documentos falsos (Artículos 147, 150 y 151 del Código Penal).
- Desfalco (Artículos 171 y 172 del Código Penal).
- Asociación de malhechores (Artículos 265 y 266 del Código Penal).
- Estafa contra el Estado (Artículo 405 del Código Penal).
- Sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo (Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología).
- Contrabando (Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito y Falsificación de Productos Regulados).
- Lavado de activos (Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
Detenciones y allanamientos
Los siete detenidos fueron arrestados en varios allanamientos realizados la noche del miércoles en el Distrito Nacional, en particular en las residencias de Hugo Beras y en las instalaciones de Aurix S.A.S., la empresa de Jochi Gómez.
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