Desde que asumió la Presidencia de la República Dominicana en 2020, Luis Abinader ha reiterado su compromiso con la "transparencia" y el respeto a las leyes como pilares fundamentales de su gestión. La primera gran prueba de este compromiso se dio el 15 de septiembre de ese mismo año, cuando el mandatario presentó su declaración jurada de bienes y dispuso que su patrimonio fuera administrado por un fideicomiso. En esa ocasión, la Presidencia informó que la información patrimonial quedaba a disposición del público, permitiendo su consulta y análisis por parte de los medios y ciudadanos.
Con su reelección ya consumada y a pocos días de iniciar su nuevo mandato para el periodo 2024-2028, Abinader deberá nuevamente cumplir con esta obligación legal, ya que la legislación vigente exige que los funcionarios presenten su declaración jurada de bienes antes del 16 de septiembre. La Ley 311-14, que establece el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, estipula que quienes asumen un cargo público deben declarar sus bienes dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión.
No solo el presidente está obligado a cumplir con esta norma; la vicepresidenta, senadores, diputados y otros altos funcionarios también deben presentar sus respectivas declaraciones. Esto incluye a líderes de instituciones militares, funcionarios del Banco Central y administradores de empresas estatales, entre otros.
En la primera reunión del consejo de ministros de este nuevo periodo, se reafirmó el compromiso de todos los funcionarios de firmar un pacto ético que promueva las mejores prácticas en la administración pública. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, enfatizó que el objetivo es avanzar hacia una gestión más transparente y comprometida. Por su parte, Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, destacó la importancia de actuar siempre en respeto a la ley y los principios éticos que deben regir la conducta de los servidores públicos.
El llamado a la transparencia y la ética en la administración pública se vuelve más relevante en un contexto donde la confianza ciudadana es fundamental para el desarrollo del país. La gestión de Abinader se enfrenta a un nuevo reto: demostrar que la transparencia no es solo un compromiso, sino una realidad palpable en su gobierno.
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